“A propósito de la regulación del cannabis en Uruguay, algunas miradas a un proceso muy reciente aún

Mag. Ana María Echeberría

Publicado en Low Threshold Journal 2018; vol 6, n 2

En el año 2013 se aprobó en Uruguay la Ley 19172 sobre “Marihuana y sus derivados”. En su texto se establece como novedad que aquellas personas mayores de 18 años, residentes en el territorio nacional, podrán acceder al cannabis de uso recreativo a través de una de tres posibilidades:

• registrándose como cultivadores, con un límite de 6 plantas por hogar,
• registrándose como integrante de un club cannábico (pueden tener entre 15 y 45 socios, límite de 99 plantas y entregar hasta 40 grs. mensuales por socio),
• registrándose para comprar en farmacias específicamente habilitadas para dispensar cannabis de uso recreativo, también con un límite mensual de 40 grs. El Estado será quien produzca y distribuya el cannabis a las farmacias.

Esta legislación responde en su filosofía a la constatación del fracaso de la guerra contra las drogas y de los daños que la aplicación de las políticas emergentes de esta concepción produce especialmente, en los más vulnerables.

En un país de tradición cultural fuertemente impregnada por modelos liberales, el consumo de sustancias nunca fue ilegal. De acuerdo a los altibajos de la presión social la tenencia era más o menos susceptible de ser considerada delito, ya que las legislaciones previas no establecían montos considerados para consumo propio o sospechosos de ser para suministro o comercialización. De esta manera a veces se penalizó a usuarios que no comercializaban, con las tremendas consecuencias que tiene para cualquier persona ingresar en el circuito de la penalización y la privación de libertad.

Paralelamente en América Latina se produce un avance de la infiltración de los Estados por el narcotráfico y el consecuente debilitamiento de las democracias. Los problemas de seguridad en los países se vinculan cada vez más a esta actividad ilegal y en esto último Uruguay no es una excepción. Desde una preocupación por el tema de la seguridad surge la primera propuesta de regulación apuntando a quitarle mercado al narcotráfico y poner la oferta de cannabis bajo control estatal. Aprovechando esta primer iniciativa rápidamente otros actores, especialmente colectivos de activistas por la legalización y actores políticos ligados a la temática, despliegan propuestas alineadas a una perspectiva de derechos que impregnará también el texto y desde un posicionamiento claramente inscripto en la perspectiva de reducción de daños.

 

A través de la ley el Estado  asume “el control y regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier  título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados o cáñamo cuando correspondiere…” A tales efectos se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

A la vez, en el artículos 9 de la ley se establece que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye a los efectores públicos y privados, deberá disponer de políticas y dispositivos de promoción  de salud, prevención del uso problemático y asesoramiento, orientación y tratamiento de los usuarios problemáticos de cannabis.  Y en el Artículo 10 se asigna al Sistema Nacional de Educación Pública la responsabilidad de implementar políticas de Promoción de salud y Prevención de los usos problemáticos de cannabis, desde las perspectivas de desarrollo de Habilidades para la vida y Gestión de Riesgos y Reducción de Daños.

La implementación de la totalidad de lo establecido en la ley ha llevado su tiempo, generándose rápidamente la posibilidad del registro de cultivadores y de clubes cannábicos. Resolver los aspectos referentes al cultivo (asignación de terrenos en condiciones de seguridad, licitación a empresas para la producción) se procesó en tiempos similares a todo aquello que exige determinados requisitos burocráticos. Pero la fase que tuvo mayores complejidades fue la referente a la distribución en farmacias. A la reticencia, o incluso oposición de químicos farmacéuticos y algunos propietarios de farmacias,  se sumó la traba establecida por los Bancos de EEUU, que amenazaron a través de los bancos nacionales, con el cierre de cuentas bancarias a toda empresa que comercializara Cannabis. Finalmente en julio del 2017 comenzó a funcionar esta modalidad, quedando así implementadas las tres modalidades de acceso a cannabis con fines recreativos previstas en la ley.

Según los datos que aporta el IRCCA cerrados a fines de setiembre de este año, se estima que alrededor del 42% de los consumidores recreativos de cannabis acceden a dicha sustancia a través de alguno de los mecanismos previstos por la ley. Casi el 75% compra en farmacias, 18% acceden a través del autocultivo y el 7% restante en los clubes de membresía.

Del total de personas registradas el 83% acceden a cannabis, habiendo un 17% que no lo hacen. Es posible suponer que, entre otros casos, algunas personas quisieron hacer explícito su apoyo a la ley a pesar de no consumir. Seguramente hay muchas otras explicaciones para este grupo.

Sobre el perfil de los usuarios:

• los compradores en farmacia son mayormente varones (69.9%), el 49% tiene entre 18 y 29 años, el 34% entre 30 y 44 años y el 17% son mayores de 45 años. 51% trabajan en el sector privado y 12% en el sector público, un 25,9% lo componen estudiantes, jubilados y población inactiva en general, y 9.7% son trabajadores informales. Estimando el número de personas registradas cada 1000 habitantes, se concluye que hay una mayor adhesión al mercado regulado de la población del interior del país.
• Los autocultivadores, también mayoritariamente varones (75%), tienen una edad promedio de 36 años y se encuentran sobre todo en departamentos del área metropolitana.
• Los integrantes de clubes de membresía, son sobre todo varones y la edad promedio es de 32 años.

En términos generales se puede visualizar que los promedios de edad de quienes acceden a cannabis por vía de la regulación son más altos que los que surgen de las encuestas de prevalencia. Una de las conclusiones a las que se puede llegar refiere al aporte de información a partir de los mecanismos de registro que mejora los problemas de subregistro, sobre  todo en poblaciones con mayor temor al estigma.

Algunos comentarios.

A partir de los datos del IRCCA y de información aportada por Monitor Cannabis[1] (Plataforma del Equipo de Evaluación y Monitoreo de la Regulación del Cannabis que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República) se puede estimar que alrededor del 42% de los consumidores de cannabis con fines recreativos lo hace a través de los mecanismos previstos en la regulación. Teniendo en cuenta las dificultades del proceso de comercialización en farmacias, que hacen que todavía no se cubra la demanda, este porcentaje resulta muy relevante.

Estos datos permiten inferir un impacto sobre el mercado ilegal cuatro veces mayor al producido por las incautaciones en similar período. La Secretaría Nacional de Drogas, a través de su Responsable, el Licenciado Diego Olivera[2], manifiesta que se le ha quitado al mercado ilegal más de 10 millones de dólares, lo cual para un país de 3 millones y medio de habitantes, es muy relevante.

Otro dato significativo hace a la disminución del llamado “efecto góndola”, por el cual la persona que acude a una boca de venta de drogas está expuesta a la oferta de variadas sustancias, más allá de la que buscaba originalmente. Los datos de las encuestas de prevalencia muestran el efecto de la separación de la oferta de sustancias, sobre todo disminución del consumo de cocaína, en quienes se han incorporado al mercado.

Contrariamente a los pronósticos que suponían riegos vinculados al expendio de cannabis en los entornos, no han ocurrido robos a farmacias, ni delitos violentos en las inmediaciones de las mismas, relacionados con cannabis. Del mismo modo no han ocurrido accidentes graves por uso de esta sustancia. La curva de crecimiento del consumo de esta sustancia se ha mantenido más o menos estable, siendo menor el crecimiento del porcentaje de usuarios en nuestro país que en otros de la región, como Argentina y Chile que no han regulado los mercados.

Como consecuencia de los estándares obligatorios de calidad del cannabis producido por el estado y comercializado en las farmacias, ha disminuido la presencia en el mercado de cannabis prensado y comúnmente adulterado. A la vez, tal vez por la calidad o por los límites establecidos por la regulación, ha bajado la cantidad consumida por persona, no llegando promedialmente a lo que la ley habilita a comprar per cápita. Es de señalar qué hay estrictos controles de calidad del cannabis que se pone a la venta en las farmacias, así como de los niveles de concentración de THC permitidos.

Otro impacto ha sido la disminución del estigma, con su contrapartida de riesgo de naturalización de la sustancia. A nivel de opinión pública aumenta considerablemente el apoyo a la regulación, medido esto seriamente, contrastando tres encuestas seguidas el pasado año. Incluso quienes no acuerdan con la ley, mayoritariamente no manifiestan voluntad que se derogue sino que se reformen parcialmente algunos aspectos.

Algunos problemas.

En relación a la modalidad de venta en farmacias, tal vez algunas de las dificultades sean atribuibles a la falta de participación de los diversos actores en el proceso. Para los químicos farmacéuticos por ejemplo, se trató de un proceso inconsulto, en el que solicitaron sin éxito intervenir y que finalizó con fuerte oposición de la mayoría de los mismos.

Por otra parte, el bloqueo bancario, cuya solución viene demorada, ocasionó que se bajaron algunas farmacias. De hecho son muy pocas las farmacias habilitadas actualmente y distribuidas en forma desigual en el territorio. La mayoría se encuentran en Montevideo y en barrios de franja adquirirá media y alta, dejando al mercado ilegal las zonas más pobres, así como buena parte del interior del país.

Algunos problemas ligados a la capacidad de producción que llevaron a no poder cubrir la demanda parecen estar en vías de solucionarse y se explican también como parte del aprendizaje. Recientemente se han otorgado nuevas licencias para la producción.

Por otra parte, la ley establece la obligatoriedad de implementar programas de prevención y tratamiento de los usos problemáticos de cannabis en el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que no se cumple en la realidad. Si bien las instituciones pueden mostrar algún tipo de prestación que formalmente implique el cumplimiento de la meta asistencial, no son respuestas reales.

Del mismo modo se establece que el Sistema Educativo Formal deberá desarrollar programas de prevención del uso problemático de esta sustancia, no habiendo existido mucho más que algunas propuestas testimoniales de capacitación de docentes. Y algunos spots publicitarios a través de los medios.

Tal vez uno de los problemas más complejos deviene de las resistencias y/o diferencias de enfoque entre actores estatales que son parte de la implementación de la ley. Esto se traduce en demoras, contradicciones, conflictos. Inicialmente se verificaban acciones policiales o judiciales no ajustadas a la nueva ley que gradualmente se han ido superando. Tal vez lo más paradigmático ha sido la dificultad de implementar lo referido a cannabis medicinal, que contó con amplias resistencias de los actores vinculados a la salud.

Como un tema menor, pero que ha generado alguna dificultad a los usuarios, está un aspecto de la ley que obliga a las personas que se registran a optar por una de las tres modalidades previstas en el texto. En caso de ser cultivador por ejemplo y tener cualquier problema con las plantas, no podría resolverlo a través de la compra en la farmacia. O similares problemas con la producción del club de membresía. Este es un aspecto que los colectivos de usuarios proponen modificar a la ley.

Cannabis medicinal

Como decíamos este ha sido el aspecto que encontró mayores resistencias, sobretodo ligadas a diferentes actores de la salud y la academia. Recientemente se otorgó a una empresa de capitales uruguayos y extranjeros la primera licencia para “el establecimiento de instalaciones de investigación, desarrollo y producción de extractos de cannabis enriquecidos en cannabinoides de perfil químico estandarizado y de grado farmacéutico” y  posteriormente la empresa solicitó al IRCCA la ampliación de su licencia para llevar adelante cultivos estandarizados de plantas de cannabis sativa, con la meta de alcanzar las diez toneladas de inflorescencias secas por año, lo que fue concendido hace apenas algunos días. El 29 de noviembre se inauguró el primer laboratorio de investigación de América Latina.

Siguen pendientes aspectos que hacen a la regulación del cannabis para uso medicinal e industrial. En estos cinco años en los que no se avanzó en el tema, se ha producido un desarrollo de diversos aceites y cremas, por fuera de lo regulado, a partir de productores artesanales.

¿Qué sucederá con estos emprendimientos? ¿Accederán a licencias y permisos? ¿Lograrán cumplir con los requisitos que se establezcan? ¿Se privilegiará a los capitales de la industria farmacéutica? ¿Quién marca los ritmos? ¿El capital?

A la vez surgen alertas respecto a cuidados a considerar en los procesos de industrialización, sobretodo en mantener la calidad de los productos (riesgos de manipulación para aumentar la productividad a costa de la salud).

En suma, a pesar del corto período transcurrido desde la reglamentación de los diversos aspectos de la ley, son observables impactos positivos de acuerdo a lo inferible como aspiraciones a partir de la fundamentación de la misma. Hay muchos pendientes aún,  así como cuestiones mejorables. Y por sobretodo el desafío de avanzar con claridad por entre las presiones de los diversos lobbys políticos y económicos, incluyendo a los colectivos de usuarios, manteniendo la perspectiva de derechos y el enfoque de salud

[1]      Sebastián Aguiar. “Cambiar el viento: cinco años de la regulación del cannabis” La Diaria. 24/11/2018.

[2]      La Diaria. 6/12/2018. ladiaria.com.uy

Joan Colom, a propósito de la legalización del cannabis en Canadá

En una entrevista a propósito de la legalización del cannabis en Canadá, Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat en entrevista en La Vanguardia (6-11-18), comenta la regularización permetiría tener datos reales, con información más fiable para la prevención, en lugar de mirar hacia otro lado, ya que el consumo persiste en el mercado negro.”

“En países que han regulado el consumo, como en Holanda, no ha crecido el consumo”

“La regularización de la venta de la maihuana serviría para visualizar y tner datos reales sobre el consumo. ”

“Desde la perspectiva de la salud pública el cannabis, no es aconsejable, no lo recomendaremo nunca”

“Con los impuestos generados se podría hacer más prevención”

Giralt E. La marihuana post-Canadá. La Vanguardia, 6-11-18, pgs 28-29.

La situación actual no limita el tráfico de hachís. En el estrecho de Gibraltar se introudcen hasta 80.000 kgs de hachís al día.

Puig F. García Ferreras muestra “al completo la cadena del narcotráfico en Estrecho” La Vanguardia, Vivir Sábado 1-12-14, pg 15.